1.- Aumentos anuales de salarios y prestaciones adicionales a la revisión del SNTE con la SEP y como parte de negociación estatal, más por la presión de las marchas violentas que por la productividad o la evaluación institucional constitucional.

2.- Apropiación de la definición de la educación pública en función de un modelo ideológico antineoliberal, dogmático, estatista y neopopulista muy al estilo de la Escuela de los Pioneros de Cuba para ideologizar a los niños y no educarlos.

3.- Transformación de la sección sindical en una organización de lucha por un modelo de desarrollo popular, autogestionario y autonomista, colocando a los maestros como la vanguardia de lucha de un pliego petitorio similar al de un partido político.

Y los maestros de la XXII que tienen la función de dotar a los niños de conciencia cívica, pecan de confusión política: por un lado califican al gobierno del presidente Peña Nieto como espurio (falso, según la Academia) pero al mismo tiempo decretan que el ´”único interlocutor” a la Secretaría de Gobernación del por ellos llamado gobierno espurio. ¿Cómo negociar con quien no le reconocen autoridad? Y eso que son maestros.

Tomada la decisión de la XXII de paro ilegal violentando las leyes laborales y el contrato colectivo y dejando a más de un millón de niños sin clase, el gobernador Gabino Cué Monteagudo no hace sino apoyar a los disidentes: el Instituto de Educación Pública de Oaxaca pagó retroactivamente el aumento salarial de mayo, los bonos de “productividad” e inclusive les adelantó la quincena para que los maestros pudieran irse tranquilamente y sin presiones económicas al DF a sus plantones, marchas y ataques violentos contra la sede de la Cámara de Diputados.

En lugar de aplicar la ley laboral y retener salarios no devengados con trabajo, el gobierno estatal sigue doblando las manos y los maestros de la XXII cobran sus salarios para seguir en la lucha violenta y no por educar a los niños.

El gobernador Cué Monteagudo ha sido incapaz de aplicar la ley: la fracción V del artículo 11 de la Ley Estatal de Educación considera a “educadores y personal de apoyo y asistencia a la educación” como parte del sistema educativo, claramente la fracción II del artículo 89 afirma que es una infracción “suspender injustificadamente el servicio educativo” y el 91 establece la multa de hasta cinco mil veces el salario mínimo por cada infractor --300 mil pesos aproximadamente-- y el doble si hay reincidencia.

Y su artículo 92 que “las infracciones en que incurran los trabajadores de la educación previstas en el artículo 89 de la presente Ley, serán objeto de las sanciones establecidas en las Leyes de Trabajo y los Reglamentos de las condiciones generales de trabajo aplicables”. Así que bastará aplicar la ley laboral para frenar los abusos violentos de la XXII en las calles del DF.

Pero una parte de los padres de familia y de la ciudadanía de Oaxaca sí ha hecho lo que el debilitado gobierno estatal no ha querido: meter en cintura a la XXII. En el municipio de Mitla, a menos de una hora de la capital, existe un modelo de reordenamiento del voluntarismo político de los maestros disidentes: padres de familia y ciudadanía se organizaron el año pasado e impidieron por la fuerza que los maestros locales de la XXII regresaran a clases después de días de paro, llegando inclusive a la violencia contra los paristas. Los maestros tuvieron que aceptar un acuerdo para regresar a las aulas con la condición de no volver a realizar paros ilegales; hoy Mitla es la plaza donde los maestros luchan pero siguen dando clases.